Policías de Valle de Bravo enfrentan primer juicio por desaparición forzada
Teotihuacán en Línea. Valle de Bravo. Por vez primera en la
historia del Estado de México cinco elementos de seguridad fueron detenidos y
puestos a disposición de un juez por su presunta responsabilidad en el delito
de desaparición forzada, tipificado apenas en octubre pasado en una ley general
aprobada por el Congreso de la Unión.
Los cinco policías formaban parte del cuerpo de seguridad de
Valle de Bravo, quienes en noviembre pasado habrían detenido a un joven en una
comunidad de ese municipio del sur mexiquense para luego ser entregado a un
grupo criminal.
Fueron agentes de investigación de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México quienes lograron la aprehensión de los cinco
uniformados, a quienes de inmediato recluyeron en el penal estatal de
Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde enfrentarán un proceso penal por el
delito de desaparición forzada.
De acuerdo a la Ley General en materia de Desaparición
Forzada, aprobada por el Congreso federal en octubre pasado, quien cometa este
ilícito se le castigará con penas que van de cuarenta a sesenta años de
prisión.
En caso de que lo cometan servidores públicos o elementos de
seguridad, se les podrá aplicar la pena máxima.
Además de los cinco elementos de la policía municipal de
Valle de Bravo, la Fiscalía también aseguró a un civil, a quien se investiga
por su probable participación en los hechos. De acuerdo con el Fiscal
Anticorrupción de la entidad, José de la Luz Viñas Correa, la investigación
comenzó a finales del año pasado, derivado de hechos ocurridos el 16 de
noviembre del 2017, cuando los policías detenidos habrían asegurado a un joven
de 21 años de edad, en un negocio en Barrio de Otumba, en Valle de Bravo, a quien
al parecer entregaron a miembros de un grupo delictivo.
El delito que se les imputa es desaparición forzada y, es
importante resaltarlo porque es de los primeros, en el Estado de México seguro
es el primero que se les vincula por este delito previsto en la Ley General
correspondiente. A nivel nacional es muy probable que estemos entre los
primeros Estados que se vincula un caso como éste
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