Diputados aprueban eliminar fuero al presidente y diputados
Teotihuacán en Línea. En un acuerdo histórico, el pleno de
la Cámara de Diputados aprobó ayer, por unanimidad, reformas a la Constitución
que eliminan el fuero a todo servidor público, incluido el presidente de la
República.
Aunque con la ausencia de ciento treinta de los quinientos
legisladores, el dictamen alcanzó y superó la mayoría calificada para una
reforma constitucional las dos terceras partes y se aprobó con 370 votos a
favor, cero en contra y cero abstenciones en lo general.
En lo particular se avaló el mismo documento con trescientos
cuarenta y nueve votos a favor y uno en contra, este último del diputado de
Morena, Juan Romero Tenorio, de la Ciudad de México.
Romero Tenorio explicó que está en contra de que no tenga
efecto para el actual Presidente, y del texto del artículo 17, que señala que
“nadie podrá ser sancionado con pena privativa de libertad… por conductas que
atenten contra el honor de las personas, tales como la difamación, la calumnia
y la injuria”.
El documento se turnó al Senado para su discusión y eventual
ratificación.
Con las modificaciones a los artículos 17, 61, 74, 108, 110,
111, 112 y 114, ahora se podrá proceder penalmente en contra el presidente de
la República en turno, secretarios federales, senadores, diputados, ministros y
toda la clase política y del Poder Judicial.
Entre los cambios más importante destaca el del 108, en el
que se elimina el ordenamiento de que “El presidente, durante el tiempo de su
encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del
orden común”. También el 110, que se incluye que “podrán ser sujetos de juicio
político el presidente, senadores, diputados…”.
Al respecto, el priista Braulio Guerra, secretario de la
Comisión, dijo: “Es en serio, no es una trampa, no es una simulación”.
En el 74 se quita la facultad de la Cámara de Diputados de
declarar si ha lugar o no ha lugar proceder penalmente contra los servidores
públicos que hubieren incurrido en delito. El 108 se reforma para estipular que
las constituciones estatales no deberán establecer prerrogativas o tratos
especiales para los funcionarios estatales y municipales, cuando incurran en
cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos
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