Gobierno estatal podría ejercer su derecho de veto a la abrogación de la ley Issemym
Teotihuacán en Línea. Toluca. La abrogación que hizo el
Congreso mexiquense de la llamada Ley Issemym, mediante la cual se modificaba
el sistema pensionario para los nuevos servidores públicos de la entidad no
gustó al Poder Ejecutivo estatal, quien ya analiza ejercer el derecho de veto
que la Constitución le concede.
El grupo jurídico del gobierno mexiquense, encabezado por el
secretario de justicia y derechos humanos y el secretario general de gobierno
estudian los escenarios del veto, pues esto generaría una confrontación directa
con el Poder Legislativo, que tendrá en sus manos la aprobación del paquete
fiscal 2019 que turne el gobernador Alfredo Del Mazo.
La mayoría de Morena, PT, PES y ahora el PVEM, determinaron
en la sesión plenaria del pasado jueves echar abajo la denominada Ley Issemym
que generó en julio pasado un amplio rechazo de los servidores públicos
mexiquenses, pues implicaba, entre otras cosas, un nuevo aumento a sus cuotas y
la modificación del esquema de pensiones para los nuevos trabajadores al
servicio del estado.
Los diputados de Morena consideraron la Ley Issemym como
lesiva para la burocracia mexiquense y por ello la echó abajo, por 53 votos
contra diecinueve. De acuerdo con el proceso legislativo que tiene una ley o
decreto, éste se envía al gobernador para su promulgación en el periódico
oficial Gaceta de Gobierno. Sin embargo, la Constitución del Estado de México
en sus artículos 59 y 77 otorga la facultad al gobernador de vetar o emitir
observaciones a las leyes o decretos que emita la Legislatura. El texto
constitucional señala: “El gobernador del Estado podrá formular observaciones a
las leyes o decretos que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión
y, en su caso, aprobación dentro de los treinta días naturales siguientes a su
recepción”. De esta forma, la Legislatura tendrá que esperar si el gobernador
Del Mazo emite alguna observación al decreto por el que se echó abajo la Ley Issemym
y a partir de ahí seguir un nuevo procedimiento para darla trámite. Llegadas
las observaciones, éstas deberán ser discutidas por la legislatura y el decreto
podrá ser puesto, de nueva cuenta a consideración del pleno, quien deberá
votarlo por las dos terceras partes de sus integrantes para que sea ley y se
remita de nuevo al Ejecutivo para su promulgación
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