Rosario Robles y la desaparición de 11 mil 225 millones sin
firmas
Teotihuacán en Línea. Redacción. La titular de la Sedatu,
Rosario Robles Berlanga, está en la lista de funcionarios más polémicos junto
con el Secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; el Canciller, Luis
Videgaray Caso, y el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin del gabinete que
termina en 48 días más.
Ella retó, en una de sus últimas apariciones, a que se le
investigue hasta “por debajo de las piedras”.
Empero, las mil 469 páginas de investigación realizada por
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las Cuentas Públicas de 2013 a 2016; halló más de
once mil 224 millones de pesos de posibles daños al erario público durante la
dirección de Robles en la Sedesol y en la Sedatu. Pero Rosario Robles no es
señalada por firmar ningún contrato. Abogados y especialistas en transparencia
aseguraron que eso no la exime de responsabilidades, pues hay una cadena de
mando.
La defensa por la que optó Robles Berlanga fue declarar que
en ningún documento relacionado con el mal uso de dinero público está su firma.
Aunque en una de las auditorías de 2015 se constata que autorizó los manuales
de Organización y de Procedimientos de las direcciones generales de
Programación y Presupuesto y de Recursos Materiales, áreas clave en la
operación y control de contratos.
Además, ha asegurado que todas las contrataciones y
convenios tanto de Sedesol como de Sedatu son legales, ya que se han hecho “bajo
el amparo” del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público. No obstante, la Auditoría observó una y otra vez
que se establecían con universidades públicas o tecnológicos, que a su vez
subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido, y sin que contaran con
la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
“Entiendo que han dicho que el Presidente electo Andrés
Manuel López Obrador no me perdonará. Yo no pido el perdón de nadie. No tengo
absolutamente nada que temer, ni nada que esconder. A mí que se me investigue
hasta por debajo de las piedras”, aseveró en una conferencia de prensa del 11
de septiembre pasado.
El total de auditorías, revisadas por la Unidad de Datos de
SinEmbargo, testifica que durante su estancia al frente de la Sedesol (2013-agosto
2015), hubo dudas por seis mil 558 millones 420 mil 667 pesos. Y en la Sedatu hasta
el momento únicamente observaciones de 2016 por cuatro mil 666 millones 536 mil
diez pesos.
Santiago Nieto Castillo, abogado y futuro titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), señaló que considerando el delito de comisión por omisión,
Robles “Tiene calidad de garante, por ello es responsable penalmente”. Es
decir, sobre ella recae no haber evitado las irregularidades reiteradas que el
órgano fiscalizador señaló durante cuatro años, aunque podía y era su deber
jurídico.
Está documentado por la ASF que durante el periodo de
gestión de Rosario Robles Berlanga se realizaron adjudicaciones directas de
Sedesol y Sedatu a universidades públicas como la de Morelos, Estado de México,
Chiapas o institutos de educación para diversos servicios, a pesar de que no
poseen la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con lo contratado.
Dichas instancias pagaban a terceros por los servicios, lo
que generaba sobrecostos o en otros casos no se contó con la evidencia de la
realización por parte de los proveedores. Algunas empresas no fueron
localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares, concluyó
la ASF.
Robles ha insistido en que no está comprobado, no hay
vínculo con su persona o lo solventaron con entregables. “Seguimos hablando de
auditorías que han pasado, que han sido superadas”, declaró en la conferencia.
De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, el caso de
Rosario Robles tiene un patrón similar al de otros igual de polémicos tejidos
con redes de corrupción muy parecidas que se pueden observar, por ejemplo, con
las constructoras OHL México u Odebrecht, señaladas de entregar sobornos a funcionarios
públicos.
“El hecho de que alguien hoy diga mi firma no está ahí es un
indicador muy claro de algo que se perdió de vista: quizá la característica más
importante de la gran corrupción es la simulación…Es importante fortalecer las
policías de investigación, todas las instancias de procuración de justicia para
que se realicen investigaciones. Hay que ir mucho más allá”, planteó.
“Hay que ahondar en esas investigaciones, hacia abajo en la
cadena y hacia arriba para ver quién autorizó, por qué y si tenía facultades.
También ver qué ocurría en ese momento, si había elecciones o no había, ver a
dónde fue a dar ese dinero. Luego todo un equipo tendría que tomar ese caso,
pero no hay algo así en este país; no tenemos una policía de investigación
seria que se ocupe de esos asuntos con el nivel de detalle, seriedad y
profesionalización que se requiere, que nos permita ver cuál fue la
responsabilidad de cada una de las personas involucradas, más allá de que hayan
puesto su firma o no”, comentó
