Iniciarán debate en la Corte sobre constitucionalidad de la Ley Atenco
Teotihuacán en Línea. El pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación analizará el proyecto de sentencia que elaboró el
ministro Alberto Pérez Dayan, a las controversias constitucionales presentadas
por el Congreso del Estado de México y las Comisiones Nacional y estatal de
Derechos Humanos, sobre la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la
entidad, también conocida como Ley Atenco.
De acuerdo con el proyecto elaborado por el ministro Pérez
Dayan, la controversia promovida por el Congreso será sobreseída, ya que esta
instancia tiene las facultades para poder derogarla o modificarla cuando
quiera.
En ese entendido, la Corte solo entrará al fondo del asunto
en las controversias presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que en su conjunto
consideran que al menos una docena de artículos de este ordenamiento aprobado
el pasado 8 de abril por la mayoría del pleno legislativo de la entidad es
violatorio de la constitución y de los derechos humanos.
El ministro Pérez Dayan propone en su sentencia que será
puesta consideración del pleno de la Corte, la modificación de algunos
artículos, entre ellos el 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública
en el Estado de México, pues es contradictorio tal y como fue aprobado por el
pleno camaral.
En ese artículo; se señala que el uso de la fuerza pública
será el último recurso que puedan utilizar las fuerzas del orden y después
advierte que puede emplearse como “primera opción”.
El ministro pretende que quede establecido con claridad en
la ley que el uso de la fuerza, “Bajo ninguna concepción democrática y basa en
los derechos del hombre, puede considerarse como la primera opción a la que
recurran los agentes de orden público en el desempeño de sus funciones”.
El análisis y discusión de la ley podría llevarse dos o tres sesiones
antes de que se tome una determinación final sobre la legalidad o no de este
ordenamiento que pretende regular el uso de la fuerza pública en la entidad
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