Vuelven a detener a siete militares involucrados en caso Tlatlaya
Teotihuacán en Línea. Redacción. CDMX. Un tribunal Colegiado
ordenó la reaprehensión de siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya,
acusados de haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales durante un operativo
del Ejército Mexicano en junio de 2014.
Con base en la investigación ministerial, la Fiscalía
General de la República ha imputado a siete elementos castrenses de ejercicio
indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento. Tras una
investigación del orden militar y civil, los militares que participaron en
dicho operativo fueron puestos en libertad, luego de que el mismo tribunal
consideró que no había elementos para enjuiciarlos. Sin embargo, por una reconsideración
de las pruebas presentadas, los jueces han decidido la detención de los
soldados acusados por las autoridades ministeriales.
Recapitulación
Durante el operativo de Tlatlaya, se acreditó el asesinato
de ocho personas, quienes derivado de una incursión militar en contra de un
grupo de la delincuencia organizada, se habrían rendido, y no obstante ello,
los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon en su
contra. La versión oficial apuntaba que un convoy militar se había enfrentado a
un grupo de civiles armados en una bodega a medio construir, en una comunidad
del municipio de Tlatlaya; en la que civiles habían atacado a los militares y
que estos se habían defendido, con un saldo de veintidós civiles muertos y un
militar herido. Meses más tarde, testimonios de una sobreviviente, y testigo de
los acontecimientos, desmintió a los militares para relatar que, tras el
enfrentamiento, una vez rendidos, los militares habían ejecutado a ocho civiles
y el resto había caído en combate. Una recomendación establecida por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se integró un testimonio adicional
y pruebas periciales, pudieron establecer la ejecución de entre doce y quince
personas. También se determinó que los militares modificaron la escena del
crimen, movieron cuerpos y armas para apuntalar su versión. Una situación que
fue omitida y solapada por los peritos de la entonces Procuraduría General de
Justicia de la entidad.
La resolución del Tribunal Colegiado derivó de una decisión
previa de otro tribunal, que obligaba a éste a contemplar pruebas que antes
fueron desechadas; entre las que se incluyen declaraciones de las testigos y el
dictamen pericial que demuestra la manipulación en la escena del crimen. La
misma investigación periodística detalla que los militares acusados de
homicidio y encubrimiento son elementos de tropa Fernando Quintero, Roberto
Acevedo y Leobardo Hernández. El teniente que iba al mando esa madrugada,
Ezequiel Rodríguez, ha librado de momento el cargo de encubrimiento y solo
enfrenta una acusación por ejercicio indebido, puesto que el tribunal considera
que no hay pruebas de que él supiera qué ocurría dentro de la bodega, aunque
estuviera a pocos metros
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