PGJEM sabía de la fosa clandestina desde hace un mes,
aseguran activistas
Teotihuacán en Línea. Huehuetoca. La Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM) sabía de la existencia de la fosa
clandestina de Huehuetoca desde mediados del mes de julio, pero no había dado a
conocer el hallazgo hasta que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas
anunciaron que la mañana de este miércoles ofrecerían una conferencia de prensa
para dar a conocer este hecho.
De acuerdo con información verificada, tres horas antes de
la reunión de las organizaciones no gubernamentales con la prensa, la PGJEM
emitió un comunicado en el que informó que investiga el origen de restos
humanos arrojados a una lumbrera hace por lo menos seis meses. Los restos
fueron encontrados a treinta metros de profundidad.
El martes pasado, Mónica Orozco, Alicia Trejo y Guillermina
Hernández, entre otras madres de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares
de Personas Desaparecidas, citaron a la prensa a un lado de la lumbrera, ubicada
en calle Ferrocarril, para denunciar que no fue personal calificado de la PGJEM
el que sacó los restos óseos, sino trabajadores de la localidad, lo que violó
los protocolos.
Yadira González Hernández, originaria de Querétaro, explicó
que el 9 de agosto pasado llegó a Huehuetoca en busca de un hermano
desaparecido y descubrió que trabajadores de la presidencia municipal extraían
las osamentas.
Uno de los trabajadores, quien se identificó como Lupillo,
le informó que estaban limpiando el predio de seicientos metros cuadrados para
construir un museo o un parque y sacaron las osamentas sin presencia de
especialistas de la PGJEM.
La Procuraduría mexiquense informó la mañana de este
miércoles sobre el hallazgo de la fosa, de donde han sido extraídas doce bolsas
de plástico con restos óseos y prendas de vestir de una lumbrera ubicada en un
terreno de la antigua estación del ferrocarril, a trescientos metros del
palacio municipal de esta localidad.
Las activistas denunciaron que los trabajadores separaron
los restos humanos de la basura y huesos de animales y los apilaron a un lado
de la lumbrera, al paso de peatones y perros callejeros. Personal de servicios
periciales de la PGJEM pasaba a recoger los restos una vez por semana.
Detallaron que entre la basura se encontraban zapatos y ropa
con manchas rojas, al parecer de sangre. Las activistas exigieron analizar cada
desecho que se extraiga y preservar evidencias que podrían ayudar a encontrar a
personas desaparecidas.
Denunciaron que de haber seguido el protocolo internacional
de exhumación, la PGJEM debió citar a personal de la Procuraduría General de la
República (PGR), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o de su
homóloga estatal; de la Unidad de Búsqueda de la Policía Científica, con asistencia
de especialistas en medicina forense, entre otros.
“No hubo cadena de custodia, resguardo de la fosa ni núcleos
preliminares en áreas de investigación en torno al lugar del hallazgo; tampoco
hubo conservación de evidencias materiales, como vestimenta o calzado, entre
otras medidas”, denunciaron.
Advirtieron que presentarán una demanda penal contra quien
resulte responsable por estas omisiones, reiterando la disposición de trabajar
con la PGJEM.
“El llamado no nada más es al gobierno del estado de México,
sino a la PGR”, dijo Mónica Orozco, quien desde 2013 busca a su hijo Benjamín
Ulises Medina.
Las mujeres exigieron al gobierno del estado identificar
cada uno de los restos humanos, la intervención de la CNDH y diálogo directo
con el titular de la PGJEM, Alejandro Gómez Sánchez.
Gómez Sánchez detalló que los primeros huesos fueron
encontrados a mediados de julio y a finales del mismo mes se realizó un segundo
hallazgo. Aun cuando no se puede establecer el número de osamentas, aseveró que
se podría tratase de entre diez y doce personas.
A la par, se realizan estudios para determinar las causas de
muerte. En uno de los tejidos encontrados, se halló una perforación, lo que
hace presumir que cuando menos un cuerpo presenta un disparo de arma.
Entrevistado en Nezahualcóyotl, el funcionario afirmó que la
primera tarea es tratar de conocer la identidad de las víctimas, y si se trata
de personas desaparecidas en el Estado de México, de otras entidades o
migrantes.
La PGJEM asegura que cumplió los protocolos en las
diligencias para extraer los restos y trasladarlos al Instituto de Servicios
Periciales (ISP), donde se llevan a cabo pruebas de antropología y odontología
forenses, balística, genética, criminalística de campo y fotografía.
La lumbrera permanece cubierta con hules negros con un
engomado con el número de carpeta CUA/CUA/CUI/031/022845/16/07. Un policía
municipal vigila la zona, aunque algunos vecinos aseguraron que llegó este
miércoles y que desconocía que allí hubiera restos humanos