PGJEM sabía de la fosa clandestina desde hace un mes, aseguran activistas

PGJEM sabía de la fosa clandestina desde hace un mes, aseguran activistas

Teotihuacán en Línea. Huehuetoca. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sabía de la existencia de la fosa clandestina de Huehuetoca desde mediados del mes de julio, pero no había dado a conocer el hallazgo hasta que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas anunciaron que la mañana de este miércoles ofrecerían una conferencia de prensa para dar a conocer este hecho.
De acuerdo con información verificada, tres horas antes de la reunión de las organizaciones no gubernamentales con la prensa, la PGJEM emitió un comunicado en el que informó que investiga el origen de restos humanos arrojados a una lumbrera hace por lo menos seis meses. Los restos fueron encontrados a treinta metros de profundidad.
El martes pasado, Mónica Orozco, Alicia Trejo y Guillermina Hernández, entre otras madres de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidas, citaron a la prensa a un lado de la lumbrera, ubicada en calle Ferrocarril, para denunciar que no fue personal calificado de la PGJEM el que sacó los restos óseos, sino trabajadores de la localidad, lo que violó los protocolos.
Yadira González Hernández, originaria de Querétaro, explicó que el 9 de agosto pasado llegó a Huehuetoca en busca de un hermano desaparecido y descubrió que trabajadores de la presidencia municipal extraían las osamentas.
Uno de los trabajadores, quien se identificó como Lupillo, le informó que estaban limpiando el predio de seicientos metros cuadrados para construir un museo o un parque y sacaron las osamentas sin presencia de especialistas de la PGJEM.

La Procuraduría mexiquense informó la mañana de este miércoles sobre el hallazgo de la fosa, de donde han sido extraídas doce bolsas de plástico con restos óseos y prendas de vestir de una lumbrera ubicada en un terreno de la antigua estación del ferrocarril, a trescientos metros del palacio municipal de esta localidad.

Las activistas denunciaron que los trabajadores separaron los restos humanos de la basura y huesos de animales y los apilaron a un lado de la lumbrera, al paso de peatones y perros callejeros. Personal de servicios periciales de la PGJEM pasaba a recoger los restos una vez por semana.

Detallaron que entre la basura se encontraban zapatos y ropa con manchas rojas, al parecer de sangre. Las activistas exigieron analizar cada desecho que se extraiga y preservar evidencias que podrían ayudar a encontrar a personas desaparecidas.
Denunciaron que de haber seguido el protocolo internacional de exhumación, la PGJEM debió citar a personal de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o de su homóloga estatal; de la Unidad de Búsqueda de la Policía Científica, con asistencia de especialistas en medicina forense, entre otros.
“No hubo cadena de custodia, resguardo de la fosa ni núcleos preliminares en áreas de investigación en torno al lugar del hallazgo; tampoco hubo conservación de evidencias materiales, como vestimenta o calzado, entre otras medidas”, denunciaron.
Advirtieron que presentarán una demanda penal contra quien resulte responsable por estas omisiones, reiterando la disposición de trabajar con la PGJEM.
“El llamado no nada más es al gobierno del estado de México, sino a la PGR”, dijo Mónica Orozco, quien desde 2013 busca a su hijo Benjamín Ulises Medina.
Las mujeres exigieron al gobierno del estado identificar cada uno de los restos humanos, la intervención de la CNDH y diálogo directo con el titular de la PGJEM, Alejandro Gómez Sánchez.
Gómez Sánchez detalló que los primeros huesos fueron encontrados a mediados de julio y a finales del mismo mes se realizó un segundo hallazgo. Aun cuando no se puede establecer el número de osamentas, aseveró que se podría tratase de entre diez y doce personas.
A la par, se realizan estudios para determinar las causas de muerte. En uno de los tejidos encontrados, se halló una perforación, lo que hace presumir que cuando menos un cuerpo presenta un disparo de arma.
Entrevistado en Nezahualcóyotl, el funcionario afirmó que la primera tarea es tratar de conocer la identidad de las víctimas, y si se trata de personas desaparecidas en el Estado de México, de otras entidades o migrantes.
La PGJEM asegura que cumplió los protocolos en las diligencias para extraer los restos y trasladarlos al Instituto de Servicios Periciales (ISP), donde se llevan a cabo pruebas de antropología y odontología forenses, balística, genética, criminalística de campo y fotografía.
La lumbrera permanece cubierta con hules negros con un engomado con el número de carpeta CUA/CUA/CUI/031/022845/16/07. Un policía municipal vigila la zona, aunque algunos vecinos aseguraron que llegó este miércoles y que desconocía que allí hubiera restos humanos