Abuso de autoridad y peculado la retención ilegal de cuotas de ISSEMYM, proponen
Teotihuacán en Línea. Toluca. El diputado local Gerardo
Ulloa Pérez presentó ante el pleno legislativo una iniciativa de ley para
tipificar como abuso de autoridad y peculado la retención ilegal de las cuotas
que aportan los trabajadores al Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios (ISSEMYM). Esta iniciativa se fundamenta en los adeudos que
enfrenta el Instituto por el incumplimiento de instancias gubernamentales
estatales y municipales e instancias autónomas que no reportan al ISSEMYM las
cuotas que aportan los trabajadores para seguridad social.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2017 que
entregó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México el ISSEMYM
tenía pendientes de cobre más de mil 300 millones de pesos por cuotas y
aportaciones de seguridad social que fueron descontadas a los trabajadores,
pero no reportadas ni entregadas al Instituto.
Algunos de los ayuntamientos con mayores deudas al ISSEMYM
son Cuautitlán Izcalli con 307 millones de pesos; Huixquilucan 208.7 millones
de pesos; Ecatepec 79.5 millones de pesos; Nicolás Romero 68.6 millones de
pesos y Chalco 56.5 millones de pesos.
El año pasado, solo el de la Universidad Autónoma del Estado
de México con el ISSEMYM ascendía a más de dos mil millones de pesos. “Ello
denota una grave crisis y el desfalco del que sigue siendo objeto, aunado a la
responsabilidad en la que incurren quienes a sabiendas que tienen la obligación
de entregar cuotas y aportaciones de seguridad social de los servidores públicos
al ISSEMYM, no lo hacen.
“Y ante las cifras alarmantes de adeudos al Instituto, se
desconoce cuándo se pagará y no hay responsables por la omisión de cumplir con
estas obligaciones”, denunció Gerardo Ulloa. El legislador propuso reformar los
artículos 338 y 351 del Código Penal del Estado de México, para tipificar la
omisión en el pago de cuotas retenidas quincenalmente a los servidores
públicos, y que no sean destinadas al ISSEMYM dentro de los cinco días
siguientes a la fecha en que efectúen la retención, o que dispongan de las
mismas en beneficio de los servidores públicos o de una tercera persona. El
proyecto fue enviado para su análisis y discusión a las comisiones de Gobernación
y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia
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