Congreso cometerá un error si aprueba versión recortada del Plan Nacional de Desarrollo, señalan
Teotihuacan en Línea. El Congreso de la Unión, a través de
la Cámara de Diputados, cometerá un error histórico en caso de aprobar esta
semana una versión recortada de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 (PND) enviada por el Ejecutivo Federal el pasado 30 de abril.
Así lo manifestaron voceros de El Pacto por la Primera
Infancia, colectivo integrado por 420 organizaciones sociales que promueven los
derechos de la niñez temprana.
Indicaron que el documento íntegro consta de 289 cuartillas,
que incorporan los objetivos, estrategias, indicadores y metas de un plan de
gobierno a seis años. El mismo es producto del proceso de planeación
democrática del desarrollo; en el que por ley participan, además de las
dependencias y entidades de la administración pública federal, miles de
ciudadanas y ciudadanos.
Sin embargo, la versión que la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados envió a las Comisiones Ordinarias para su revisión y eventual
aprobación, que podría darse el próximo jueves 27 de junio, incluye solo las sesenta
y cuatro primeras páginas del documento original, que únicamente exponen el
enfoque ideológico y los principios axiológicos desde los cuales el Ejecutivo
Federal propone gestionar su administración.
“De aprobarse esta versión en la Cámara de Diputados, se
atentará contra los principios de transparencia, rendición de cuentas,
participación y empoderamiento de la sociedad con los que se ha comprometido la
Cuarta Transformación. En principio, se ignorará el mandato de la ley en cuanto
al proceso de elaboración del plan y sus contenidos mínimos; además de que se
dejarán de lado elementos clave de política pública que son esenciales para
ordenar la acción y el presupuesto del gobierno, pero también para evaluar su
ejercicio y sus resultados. Lo anterior, en virtud de que se eliminan los
contenidos programáticos que permiten derivar programas sectoriales, especiales
y presupuestales; así como los indicadores y metas que habían sido integradas
para poder realizar un adecuado seguimiento, evaluación y ejercicio ordenado
del desempeño de la Administración Pública Federal”, dijeron.
De aprobarse la versión incompleta del PND, se eliminarán entre
otros aspectos fundamentales para la vida democrática del país el enfoque de
derechos humanos, de género y de infancia; así como estrategias de atención las
víctimas, acciones de prevención de la violencia, o de cuidado del medio
ambiente. De manera específica, se
desecharía el compromiso con una política integral de primera infancia, que se
ha demostrado es fundamental para abatir la desigualdad, el bajo
aprovechamiento escolar, el embarazo adolescente, la baja productividad y la
delincuencia.
La decisión de la Cámara de Diputados de discutir y
eventualmente dictaminar como aprobadas únicamente las 64 páginas iniciales,
representaría un retroceso en la apertura con la que se han comprometido los
Poderes Legislativo y Ejecutivo, dejaría de lado temas esenciales para la
construcción de una sociedad más equitativa y justa; y significaría abandonar
la obligación de planear a partir de las prioridades de la sociedad.
Es importante destacar que, el apego a la Ley, el Ejecutivo
Federal organizó una serie de foros de participación para la integración del
PND (Plan Nacional de Desarrollo), en los que participaron servidores públicos,
actores políticos y económicos, especialistas, expertos, organizaciones civiles
y sociedad en general, quienes enriquecieron los objetivos, estrategias,
indicadores y metas que se plantean en las 289 páginas del documento completo.
Aprobar la versión corta del plan ignora este compromiso legal y político, y
convierte a los foros de planeación democrático del desarrollo en un ejercicio de
simulación.
La Cámara de Diputados no debe fallarle al pueblo de México
hoy que tiene por primera vez en la historia del país la posibilidad de revisar
y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo; hacerlo sobre una versión que no
cumple los contenidos que mandata la ley, que ignora la opinión de la sociedad
y que se centra únicamente en principios ideológicos representaría un grave
retroceso en la lucha por un gobierno abierto, transparente, justo, cercano y
apegado a la ley por el que la
ciudadanía se manifestó en las urnas
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