jueves, 21 de agosto de 2025

Necesidad de reestablecer el Estado de Derecho atendiendo los contextos de la sociedad actual.


Necesidad de reestablecer el Estado de Derecho atendiendo los contextos de la sociedad actual.

Mtro. Eduardo Benjamín Gurría Torres

19/08/2025

Hablar del Estado de Derecho atendiendo el contexto actual, es como tocar el nervio central de la vida democrática. Es mucho más que un principio de valor jurídico: es el andamiaje que sostiene la convivencia nacional, la justicia distributiva, procesal, retributiva y restaurativa, a la par de encontrar la confianza en las instituciones.

Atendiendo los actos y hechos, fijos y variables en los que se encuentra toda sociedad, trataré de contextualizar los elementos en los que se subsume la ciudadanía a través del ejercicio gubernamental, su ámbito legislativo y judicial.

¿Qué es, qué lo caracteriza y qué conforma al Estado de Derecho?

El Estado de Derecho implica que, las personas y autoridades se encuentren sujetas de manera irrestricta a la ley y sin excepciones.

Las leyes se “deben” aplicar de manera justa y equitativa, con base en el marco legal establecido, garantizando los derechos humanos y/o fundamentales.

Las instituciones “deben”, establecer su funcionamiento con transparencia y ejercitando la rendición de cuentas para lograr acercar y generar confianza a la ciudadanía, evitando con ello el abuso de poder.

Así mismo, el poder debe encontrar la armonía y justa distribución y establecer mecanismos de control y lograr la división de poderes y reconocer la importancia de sus órganos de fiscalización.

Lo anterior, debe ser tarea gubernamental y de la sociedad civil organizada y no gubernamental para permear en la sociedad.

En la actualidad, se le ha dado mayor importancia a la sociedad marcada por la polarización, la desinformación y la presión a las instituciones, por lo que el Estado de Derecho daría mayor convivencia en las funciones más esenciales:

De tener un Estado de Derecho vigente, nos protegería del autoritarismo, evitaría que el poder se extralimite y se concentre sin límites.

Al fomentar desde la planeación una correcta inversión y el desarrollo, genera certeza jurídica y atrae capital, fortaleciendo la economía.

Atendiendo las situaciones que desfavorecen a la sociedad, garantiza los derechos humanos, ya que contrario sensu, sin leyes claras y aplicables, los derechos se vuelven letra muerta.

El fortalecimiento de la confianza ciudadana, se logra cuando las reglas de convivencia se respetan, la gente cree en el sistema y se genera confianza en el ámbito gubernamental.

México enfrenta desafíos particulares, la corrupción de la sociedad se establece de manera estructural, lo que debilita el orden jurídico establecido en la ley.

La impunidad persistente, especialmente en casos de violencia y crimen organizado, resta seguridad en la sociedad y en los capitales de inversión extranjera.

Cuando se advierten instituciones capturadas o debilitadas por el descrédito del servicio público, la impunidad y la corrupción, se erosiona la credibilidad de la fiscalización y el control de sus instituciones.

Aquí es donde el interés por la fiscalización y los sistemas de control, cobran fuerza y relevancia.

El Estado de Derecho no se sostiene solo con leyes bien escritas, sino con mecanismos efectivos de vigilancia, auditoría y sanción.

La Contabilidad, Auditoría Gubernamental, Armonización contable y las herramientas como el COSO, aportan mecanismos sistematizados que fortalecen el control interno, las auditorias internas, externas, contables, de cumplimiento y de desempeño en las instituciones públicas, podrían garantizar credibilidad y en su caso, generar un cambio de conducta social para mejorar al país.

¿Hacia dónde avanzar, para consolidar un Estado de Derecho robusto?, nos lleva a considerar algunos espacios de acción con total acompañamiento de la ciudadanía, de los servidores públicos en atención de la gestión pública en total apego del marco legal, entre ellos, lo siguiente:

• Educación cívica profunda, que forme ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones.

• Fortalecimiento institucional, con autonomía, recursos y profesionalismo.

• Tecnología y transparencia, para monitorear el cumplimiento normativo en tiempo real.

• Participación ciudadana activa, que exija cuentas y defienda el marco legal. 

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