Conoce cuáles son los delitos electorales
Teotihuacán en Línea. En épocas electorales, además de las
despensas y regalos que te otorgan los candidatos a diversos puestos de
elección popular, es importante saber cuáles son los delitos electorales en los
que puede incurrir un candidato o un ciudadano.
Que un funcionario haga campaña, que se amenace al
simpatizante de un partido con quitarle algún beneficio social, que se
condicione algún programa público… Cualquier condicionamiento que haga un
servidor público de los programas sociales del gobierno es un delito electoral,
puede costarle la cárcel.
Estos delitos están definidos en el artículo 134
Constitucional, que establece la obligación de los servidores públicos de
“distribuir con imparcialidad los recursos públicos, sin influir en la
competencia entre partidos políticos.” Este artículo también prohíbe el uso de
imágenes o símbolos que hagan promoción de un servidor público en particular.
Pero además hay una Ley General en Materia de Delitos
Electorales (LGMDE) que, por ejemplo, en sus artículos 7, 8, 9 y 11 prohíbe la
recolección y retención de credenciales electorales, el condicionamiento o
promesa de beneficios de programas sociales, la compra de votos, presiones para
votar o abstenerse de votar, así como presiones o amenazas para asistir a
eventos proselitistas (como mítines políticos). Estas prohibiciones están
penalizadas para quien sea que las realice y no solamente para funcionarios
electorales, miembros de partidos, candidatos o servidores públicos.
La LGMDE además no permite que se pidan evidencias del voto,
como fotografías de la boleta, pues esto inhabilita el derecho a emitir el voto
en secreto. De la misma forma, se estipula que no se deben organizar reuniones
o transporte de votantes el día de la elección para influir en el sentido del
voto.
Cualquier ciudadano que realice alguna de estas acciones
podría alcanzar una pena de seis meses a tres años de cárcel y una multa
equivalente a entre cincuenta a cien días de salario mínimo; si esta persona fuere
un funcionario público podría alcanzar entre dos y nueve años con una multa
equivalente a entre cien a doscientos días de salario mínimo. En el caso de los
servidores públicos la pena puede aumentar hasta doce años de prisión por usar
recursos públicos o presionar a sus subordinados para asistir a eventos o votar
en cierto sentido.
El Código Penal Federal proscribe estos delitos, así como la
solicitud por parte de quien sea, de declaraciones sobre la intención de voto.
En el mismo sentido, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE) se establece que el voto es universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible, además de la prohibición del uso de
programas sociales con fines electorales.
La votación de una casillas puede llegar a ser anulada de
acuerdo al artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios en Materia
Electoral, cuando se ejerza “violencia física o presión sobre los miembros de
la mes directiva de la casilla o los electores y siempre que esos hechos sean
determinantes para el resultado de la votación”.
Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Social expresa
la obligación de que se publiquen en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de operación, metodología,
normatividad, calendarización y asignación de recursos de los programas
sociales en cada estado, que a su vez deberán publicar dicha asignación de
recursos entre sus municipios, por lo que los recursos no pueden ser alterados
conforme se hagan promesas de campaña. Igualmente cada entidad responsable de
programa debe presentar de antemano un padrón de beneficiarios de sus programas
sociales; esto también evita el uso indebido de los programas.
De acuerdo con esta ley, la publicidad oficial de los
programas debe identificarse con el escudo nacional y con la leyenda “Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el programa”. Con eso se busca
evitar la atribución de cierto programa a cualquier candidato, partido o
coalición.
Enrique San Román de la Torre, director del área de Blindaje
Electoral de la Fepade, declaró a Verificado 2018 que en materia de prevención
“se tiene un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), un adendum al propio convenio, a través del cual se llevan a cabo
acciones de de prevención, difusión, divulgación y capacitación en materia de
delitos electorales, se capacita a los beneficiarios… se les deja muy claro (a
los beneficiarios) que el condicionado de un programa social no solo es un
delito, sino que es un delito agravado, que alcanza hasta doce años en
prisión”.
Además aclaró que con la nueva Ley General en Materia de
Delitos Electorales cualquier persona que amenace con suspender programas con
fines políticos está cometiendo un delito. Agrega que “por primera vez se está
implementando un programa nacional de blindaje electoral con toda la actuación
pública federal y con las 32 entidades federativas”, esto implica la
coordinación de 215 unidades administrativas (toda la administración pública
federal) y se propuso a todas las entidades federativas.
¿Cómo denunciar?
Cualquier delito electoral se puede denunciar de forma
anónima en el Sistemas de atención ciudadana de la Fepade, a través del correo
electrónico fepadenet@pgr.gob.mx, en el teléfono 24 horas 01 (800) 833-7233 o
en su aplicación móvil FepadeMóvil.
También puede ser de forma presencial para aquellos en la
Ciudad de México en la Unidad de Atención Inmediata, ubicada en el Boulevard
Adolfo López Mateos No. 2836, Col. Tizapán, San Ángel, Delegación Álvaro
Obregón, CP 01090, Ciudad de México, teléfono (55) 53463137. O si se encuentra
en el interior de la República en la Agencia del Ministerio Público más cercana
