Circulan cientos de motos, sin placas y sin medidas de
seguridad.
Una política pública urgente de analizar y llevar a la
agenda de gobierno.
MAP. Eduardo Benjamín Gurría Torres
No es casualidad ver en diversos puntos del Estado de México
y zonas conurbadas el crecimiento o, mejor dicho, el desmedido crecimiento de
locales donde se venden artículos y refacciones para motocicletas de diversos
cilindrajes.
De acuerdo con algunos artículos o reportajes, sólo en 2024
el Estado de México arrojó estadísticas que no pueden ni deben pasar al olvido
sobre accidentes en motocicletas.
Sólo en este periodo fallecieron 491 motociclistas; eso,
además de ocasionar de manera directa e indirecta la cantidad de 30,016
lesionados en doce meses.
Es urgente hablar de motos, de accesorios y, sobre todo lo
anterior, de cultura cívica y de interrelación con la sociedad.
Cifras del propio gobierno mexiquense nos ayudan a
dimensionar que estamos frente a una gran problemática asociada a accidentes y
esquemas de inseguridad, como lo es el robo en vía pública.
En 2019 la realidad sobre el tema inmanente de las motos ya
era grave, pero no como lo podemos avisar en la actualidad: en ese año, sólo
los motociclistas muertos fueron 193 (sí, el 40 % de 2024) y los lesionados
fueron aproximadamente 14,231.
La simbiosis entre peatón, ciclista, motociclista y
automovilista, la suma de todos los que día a día nos encontramos involucrados
en esta problemática, utilizando las mismas vías y corriendo unos con más
frecuencia, otros con menos, el mismo riesgo.
La problemática es mayor que los intentos de reglamentar su
uso y la responsabilidad por los hechos de tránsito: no acatar el reglamento,
pasarse las luces, no utilizar los carriles de circulación de manera adecuada,
generar choques, malestar por andar sobre las banquetas, ocasionar accidentes,
entre muchas otras cosas más que no han logrado generar conciencia en los
usuarios.
La verdadera tarea gubernamental es lograr reglamentar a
todos los usuarios que, independientemente de la actividad para la cual se
utilice, desde bicicletas con o sin motor, los vehículos motorizados y aquellas
que entran en la calidad de patines y bicicletas eléctricas, donde se puede
observar que su uso va desde uno y hasta cinco personas, y todas ellas sin
contar con los mínimos estándares de seguridad (casco, guantes, espinilleras),
y mencioné “mínimas”.
Cualquier persona que circule a pie o en auto en las urbes
del país advierte la posibilidad y el fundado temor de verse involucrado en un
percance generado por el manejo defensivo de los conductores de vehículos de
dos ruedas.
Por su parte, en la Ciudad de México, la autoridad ha
intentado meter en orden a los usuarios de las motonetas eléctricas que invaden
carriles de bicicleta o que burlan todo tipo de disposición al circular sobre
banquetas, parques, aceras, camellones, etcétera.
La actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, sólo tendrá éxito
en el esquema recaudatorio; los conductores y conductoras de estos mini
vehículos están obligados a obtener la licencia para conducir, pero, fuera de
eso, no se ha visto alguna estrategia jurídico-normativa que vaya a la
regulación sobre el uso de esquemas preventivos y de seguridad de las personas,
por lo que, viendo las excesivas ventas de éstos, seguiremos viendo las estadísticas
de accidentes y muertes.
Imponer sanciones por utilizar estos vehículos sin utilizar los
insumos de seguridad, subir a personas menores de edad, subir a más de dos
personas, podría ser una primera barrera de contención, y seguido de ella, la
imposición de sanciones que podrían tener como fin principal utilizar los
recursos para esquemas de educación y certificación a los usuarios de éstos.
Nos falta mucho por hacer.
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