Necesidad de reestablecer el Estado de Derecho atendiendo los contextos de la sociedad actual.
Mtro. Eduardo Benjamín Gurría Torres
19/08/2025
Hablar del Estado de Derecho atendiendo el contexto actual,
es como tocar el nervio central de la vida democrática. Es mucho más que un
principio de valor jurídico: es el andamiaje que sostiene la convivencia nacional,
la justicia distributiva, procesal, retributiva y restaurativa, a la par de
encontrar la confianza en las instituciones.
Atendiendo los actos y hechos, fijos y variables en los que
se encuentra toda sociedad, trataré de contextualizar los elementos en los que
se subsume la ciudadanía a través del ejercicio gubernamental, su ámbito
legislativo y judicial.
¿Qué es, qué lo caracteriza y qué conforma al Estado de
Derecho?
El Estado de Derecho implica que, las personas y autoridades
se encuentren sujetas de manera irrestricta a la ley y sin excepciones.
Las leyes se “deben” aplicar de manera justa y equitativa,
con base en el marco legal establecido, garantizando los derechos humanos y/o
fundamentales.
Las instituciones “deben”, establecer su funcionamiento con
transparencia y ejercitando la rendición de cuentas para lograr acercar y
generar confianza a la ciudadanía, evitando con ello el abuso de poder.
Así mismo, el poder debe encontrar la armonía y justa
distribución y establecer mecanismos de control y lograr la división de poderes
y reconocer la importancia de sus órganos de fiscalización.
Lo anterior, debe ser tarea gubernamental y de la sociedad
civil organizada y no gubernamental para permear en la sociedad.
En la actualidad, se le ha dado mayor importancia a la
sociedad marcada por la polarización, la desinformación y la presión a las
instituciones, por lo que el Estado de Derecho daría mayor convivencia en las
funciones más esenciales:
De tener un Estado de Derecho vigente, nos protegería del
autoritarismo, evitaría que el poder se extralimite y se concentre sin límites.
Al fomentar desde la planeación una correcta inversión y el
desarrollo, genera certeza jurídica y atrae capital, fortaleciendo la economía.
Atendiendo las situaciones que desfavorecen a la sociedad,
garantiza los derechos humanos, ya que contrario sensu, sin leyes claras y
aplicables, los derechos se vuelven letra muerta.
El fortalecimiento de la confianza ciudadana, se logra
cuando las reglas de convivencia se respetan, la gente cree en el sistema y se
genera confianza en el ámbito gubernamental.
México enfrenta desafíos particulares, la corrupción de la
sociedad se establece de manera estructural, lo que debilita el orden jurídico
establecido en la ley.
La impunidad persistente, especialmente en casos de
violencia y crimen organizado, resta seguridad en la sociedad y en los
capitales de inversión extranjera.
Cuando se advierten instituciones capturadas o debilitadas
por el descrédito del servicio público, la impunidad y la corrupción, se
erosiona la credibilidad de la fiscalización y el control de sus instituciones.
Aquí es donde el interés por la fiscalización y los sistemas
de control, cobran fuerza y relevancia.
El Estado de Derecho no se sostiene solo con leyes bien
escritas, sino con mecanismos efectivos de vigilancia, auditoría y sanción.
La Contabilidad, Auditoría Gubernamental, Armonización
contable y las herramientas como el COSO, aportan mecanismos sistematizados que
fortalecen el control interno, las auditorias internas, externas, contables, de
cumplimiento y de desempeño en las instituciones públicas, podrían garantizar
credibilidad y en su caso, generar un cambio de conducta social para mejorar al
país.
¿Hacia dónde avanzar, para consolidar un Estado de Derecho
robusto?, nos lleva a considerar algunos espacios de acción con total
acompañamiento de la ciudadanía, de los servidores públicos en atención de la
gestión pública en total apego del marco legal, entre ellos, lo siguiente:
• Educación cívica profunda, que forme ciudadanos
conscientes de sus derechos y obligaciones.
• Fortalecimiento institucional, con autonomía, recursos y
profesionalismo.
• Tecnología y transparencia, para monitorear el
cumplimiento normativo en tiempo real.
• Participación ciudadana activa, que exija cuentas y defienda el marco legal.
